Garantizar la protección efectiva de las víctimas y defensores de derechos humanos, establecer protocolos claros para la atención, los procesos de reparación y restitución, garantizar la participación real de las víctimas en los escenarios propuestos por la Ley, articular con los planes de desarrollo local y regional para la implementación, son algunos de los retos que enfrenta la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras.
Estos aspectos fueron expuestos durante el foro: Los Retos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que se llevó a cabo el miércoles 16 de mayo en horas de la mañana en el auditorio de la Asamblea Departamental.
Este evento contó con la presencia de distintas organizaciones de desplazados del departamento, autoridades de comunidades indígenas, víctimas, líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, representantes de organizaciones sociales, ministerio público, agencias del Sistema de Naciones Unidas, funcionarios públicos, representantes de la gobernación del Huila, medios de comunicación y asistentes en general.
Uno de los retos en el que coincidieron los ponentes fue la necesidad de garantizar la protección efectiva de las víctimas que adelantan procesos de reparación y restitución de tierras, así como de los líderes, liderezas de sus organizaciones y defensores-as de derechos humanos. "Es necesario garantizar la protección de las víctimas con medidas de seguridad que superen los preceptos policiales" manifestó el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, Darío Villamizar.
Por su parte Alfonso Castillo, representante de La Asociación Nacional de Ayuda Solidaria-ANDAS, afirmó que durante el gobierno de Santos, van 14 líderes, liderezas de los procesos de restitución de tierras y defensores de los derechos humanos asesinados, corriendo con mayor riesgo las víctimas que viven en zonas donde el conflicto es más intenso. Ante la falta de garantías, Castillo señaló que no comparte el concepto de justicia transicional, pues el país aún no ha salido del conflicto, sino que este se mantiene y agudiza.
Otro de los retos propuestos por los ponentes, tiene que ver con la necesidad de establecer protocolos efectivos para la atención de las víctimas, así como para adelantar los procesos de reparación y restitución y de tierras. Al respecto, Lina Castro, representante de ACNUR, señaló que la atención y protección a los desplazados debe ser definida por el contexto en el que viven, que es complejo y en el que la violencia se mantiene.
Así mismo, resaltó los problemas de atención que existen por parte de los funcionarios públicos a la población en condiciones de desplazamiento, por lo que en el marco de la implementación de la 1448, es importante un esquema institucional en el que exista la voluntad política, capacidad técnica y sostenible en los procesos de atención.Argumento que confirmaron las intervenciones de los asistentes que denunciaron los problemas en la atención que reciben, sumados a los imaginarios culturales que tienen sobre los desplazados los funcionarios "Como presidenta del Asentamiento fui a una reunión de la alcaldía junto con la vicepresidenta, de pronto la funcionaria que nos atendió le dijo a ella: - usted no es desplazada. - Por qué lo dice? - porque usted no parece pobre". Comentó Emilcen Reyes, presidenta del Asentamiento Nueva Esperanza de Neiva.
En el caso de las mujeres, María Eugenia Morales de Onu Mujer, expresó que los protocolos de atención deben tener un enfoque diferencial de género, entendiendo que existe una afectación diferenciada en el marco del conflicto entre hombres y mujeres, "las mujeres suelen hablar más sobre lo que pasó, en especial sobre lo que le ocurrió a los otros, a sus hijos y esposo, pero difísilmente cuenta lo que le pasó a ella".
Cómo lograr que realmente exista un apoyo en el tema psicosocial y en especial para las mujeres, fue uno de los interrogantes que presentó Morales, además de señalar que de temas como el abuso y la violencia sexual, "no se habla" y que en muchos casos los funcionarios públicos no saben como tratar.
Por otra parte, para Alfonso Castillo de ANDAS, "debe haber un protocolo para que la víctimas sepan como se va hacer la atención, quienes tienen prioridad, entendiendo que la Ley demanda al gobierno unos protocolos en los procesos de reparación que establece será gradual", es decir no todas las víctimas serán reparadas al tiempo. "Hasta el momento se ha hecho una microfocalización que ha priorizado 10 zonas del país, es necesaria una macrofocalización que indique como se van a llevar a cabo los procesos de restitución en el país." Puntualizó.
"Para los desplazados, se hace una capacitación vale 5, 6 millones y demostramos que ya atendimos los desplazados, pero a veces nos capacitan en cosas que si sabemos hacer no tenemos con que hacerlas, y que si las hacemos no tiene el comercio necesario para nuestro sustento, eso es lo que necesitamos que en realidad la ley recoja nuestra necesidad, y que a través de esa misma ley lleguen los recursos para que nosotros podamos hacer lo que necesitamos según nuestra capacidad", aseguró Buenaventura Murillo, campesino del municipio de San Agustín.
En cuanto a la participación de las víctimas Castillo manifestó que la participación efectiva hasta el momento no se ha dado, "las mesas de participación de víctimas aún no se han instalado, porque no está claro su objetivo, ni los mecanismos; las personerías que ejercen la secretaría técnica no tienen ni idea como funcionan esas mesas de víctimas".
Para María Eugenia Morales, uno de los retos sin duda es el diálogo entre las unidades de atención a víctimas, la institucionalidad (alcaldías y gobernaciones), las organizaciones sociales y de organizaciones como las de las mujeres que no necesariamente están representadas en los escenarios de participación establecidos por la Ley. "Es necesario cualificar este díálogo, mejorar el acceso a la información sobre como funciona la Ley, que las víctimas conozcan y se formen frente a la Ley, pues la mujer participa pero no representa en las instancias de decisión. (...) Hay que tener claridades de como van a incidir las organizaciones de mujeres en los comités de justicia transicional, por ejemplo", indicó la representante de Onu Mujer.
Una de las grandes inquietudes que tanto ponentes como asistentes del evento manifestaron, fue la territorialización de la Ley a la hora de su implementación, cómo materializarla en los escenarios locales y regionales. En este sentido, Buenaventura Murillo, de San Agustín, ve con incertidumbre el futuro de la Ley de Víctimas cuando para él, esta Ley "no ha sido consultada con las víctimas", y se pregunta por cómo las alcaldías y la gobernación van a asumir su implementación en el territorio. "existen muchas leyes y no ha pasado nada, qué pasará con la ley de víctimas, ¿cómo vamos hacer pa' que esta ley la cumplan alcaldes, la cumplan gobernadores y lleguen las cosas hacia nosotros?, el gobierno saca muchas leyes pero los que se encargan de manejarlas no hacen lo suficiente por ellas (...) entre más leyes hay, más hay quien las viole".
Entre tanto, el ponente Miguel Samper, Director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, señaló que desde hace poco tiempo el ministerio se encuentra realizando un acompañamiento técnico en el componente de construcción de paz para el diseño del Plan de Desarrollo de la ciudad de Neiva, y ante las quejas de las comunidades por la mala atención que dicen reciben de las personerías y la poca voluntad política de los gobernantes y funcionarios del Estado, afirmó que desde el gobierno se han pensado en mecanismos para que la implementación de la Ley no se condicione a la voluntad política "los funcionarios pueden ser denunciados ante la Procuraduría y demás entes de control, sino cumplen de manera efectiva con la implementación de la Ley".
Representantes de las víctimas del departamento durante sus intervenciones al final del foro, hicieron un llamado a la necesidad de organizarse y movilizarse para exigir el cumplimiento de sus derechos, al tiempo que denunciaron se sienten abandonados y ven que las soluciones propuestas suelen ser "ineficaces".
"Nos hemos cansado de pedir rehubicación al municipio, pero nos la ha negado diciendo que nuestro Asentamiento no se encuentra en zona de alto riesgo. Hace dos años un árbol me dañó la casa, yo fui a Bomberos y ellos me dijeron no podemos ayudarla en nada porque usted está en una zona de alto riesgo. Por lo menos pónganse de acuerdo para jugar con nosotros los desplazados, no es justo que se voten la pelota de allá para ca' y nosotros sigamos en la misma situación", expuso en su intevención Emilcen Reyes.
Finalmente, en general tanto ponentes como asistentes concordaron que si bien la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, no es una ley perfecta, y presenta grandes desafíos para la institucionalidad, las víctimas y las organizaciones sociales, es un instrumento en el que hay que profundizar por el bien de las víctimas.
